Circula estos días por diversas redes sociales un chiste de Forges en el que “el marido” cuelga su abrigo en un perchero con forma de dedo medio hacia arriba (la clásica peineta) que, sorprendido, le dice a “la parienta”: “este perchero es nuevo”. Ella le aclara: “sí, regalo del banco”.
Es una idea instalada en la opinión pública española: los bancos “abusan” del consumidor. Aunque receptores de una gran parte de la ira de la ciudadanía, en el caso que ha tenido en vilo a España en las últimas semanas, los bancos sólo han sido un “sujeto pasivo”.
Tras dos días de intenso debate, y después de tardar más de dos semanas en convocarse, el Pleno de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial española, ha decidido que el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas lo pague el cliente. Un auténtico “giro de guion”inesperado.
La decisión llega dos semanas después de una sentencia firme del 16 de octubre que cambiaba la jurisprudencia mantenida durante más de 20 años por el alto tribunal en el sentido contrario.
Independientemente de si la decisión es o no la “adecuada” (cosa que no me compete evaluar), considero que la política de comunicación de esta institución clave de nuestro país, en uno de los casos más complejos de los últimos tiempos, ha contado con tres puntos débiles.
En primer lugar, no es conveniente que se convoque una reunión tan trascendental para el conjunto de la economía española (Hacienda pública, Banca y consumidores) 15 días después de los hechos que la motivan. Desde la perspectiva de la Comunicación, se da demasiado margen para que las elucubraciones varias se disparen.
Por otro lado, en este tiempo, cuando todos los ojos están puestos en uno, pero no se pueden ofrecer novedades porque se desconoce qué ocurrirá en el futuro, hay que evitar pronunciamientos que generen expectativas que después no se van a cumplir.
Por último, si se plantea un pleno con una duración determinada no es conveniente que éste se alargue un día más de lo previsto. Y mucho menos después, no ofrecer una explicación inmediata y extensa del sentido del pronunciamiento final. Más si tenemos en cuenta que contradice todas las expectativas. En la era de la inmediatez, el argumento de “los tiempos de la Justicia no son los tiempos de los Medios” ya no es válido. La falta de claridad siempre da pie a especulaciones. Y éstas suelen versar sobre la falta de independencia.
Este caso ha demostrado, sin embargo, algo interesante: que ninguna corporación privada, ni ninguna instancia (ya sea legislativa, política o judicial), pueden quedarse al margen de la transparencia. La rendición de cuentas ya no es sólo una opción posible, sino la única para salvaguardar la credibilidad.
Por Cecilia Díaz, consultora sénior en Estudio de Comunicación España
