Empresas y políticos, compañeros de viaje

Publicado en ABC, sección opinión, el 6 de julio de 2013 (reseña impresa).

Por Benito Berceruelo

La relación de las empresas con los políticos no es fácil. Nunca ha sido fácil en la historia moderna de la economía y la sociedad. Los políticos son, en general, los gestores del Estado, con mayúsculas. Y el Estado, aunque no es el dueño de las empresas privadas, sí es para muchas un cliente, muy importante para algunas. También es un policía encargado de velar por que se respeten las leyes. El Estado es incluso un garante o no del futuro de las compañías, si legisla a favor o en contra. Y es, en todo momento, un interlocutor con el que deben entenderse los propietarios y gestores de las empresas.

Es cierto que han quedado muy atrás los años del protagonismo de las empresas públicas, de las que el Estado era el dueño, y que las privatizaciones han puesto en manos de particulares la riqueza de la gran mayoría de las compañías. Los gobiernos de casi todo el mundo, incluidos los de Rusia y China, han liberalizado los mercados y vendido las empresas públicas. Pero los gobiernos siguen siendo muy importantes para las empresas, y la sociedad influye en ellas cada día más y les solicita mayor Responsabilidad con su entorno.

El liberalismo ha ido parejo a la regularización de los mercados en ámbitos como el consumo, el medio ambiente, las bolsas de valores, la seguridad de los productos, la libre competencia, etc. etc. Por ello, las empresas necesitan comunicarse con los reguladores, con los gobiernos, con los parlamentos… con el Estado en general. Y no es una opción: es una necesidad. Incluso para las poderosas compañías multinacionales, cuyas cifras económicas son muy superiores a las economías de muchos países en los que operan, es imprescindible entenderse y comunicarse con los políticos. Porque riqueza no equivale a poder. Y las empresas no tienen el poder de meter en la cárcel a nadie, por ejemplo.

Por su parte, los políticos deben de gobernar para el bien común y ese bien común depende en gran medida de las empresas, que son las auténticas generadoras de riqueza y empleo, e incluso las motoras -mediante sus patrocinios- de asuntos “públicos”, antes competencia exclusiva de los Estados, como el deporte o la cultura. No es posible hoy -ni tan siquiera para gobiernos como el español de Mariano Rajoy, que se declara «con las manos libres de compromisos o favores históricos»- gobernar sin escuchar y tener en cuenta la opinión de los empresarios.

El norteamericano Teddy Roosevelt ya decía que «las compañías son instrumentos indispensables de la civilización moderna, pero creo que deben estar vigiladas y reguladas, para forzarlas a actuar en interés del conjunto de la comunidad». Es cierto que las compañías deben de respetar la ley, pero sobre todo las empresas tienen su razón de ser en ganar dinero y los políticos deben tener en cuenta eso cuando establecen relaciones con ellas. Porque si las empresas no ganan dinero no podrán contribuir al bien común.

Por todo ello, las Relaciones Institucionales entre empresas y políticos son clave. Para que unas puedan defender su voz y  sus derechos y para que los otros puedan gobernar en beneficio de todos, ayudando a las empresas a desarrollarse, generar riqueza y puestos de trabajo. La incomunicación, el desconocimiento mutuo sólo genera problemas.

En España, lamentablemente, hemos padecido dos graves problemas en esa relación. El primero derivado de la sospecha permanente, de lo que se ha llamado y tipificado penalmente como “tráfico de influencias”. Parece que la relación empresa/político debe ser oculta y secreta, porque siempre se supone mal intencionada. El segundo derivado de la falta de regulación y de claridad en las normas de juego. A este problema parece que el Congreso de los Diputados quiere ponerle solución y será muy bienvenida.

Pero las Relaciones Institucionales existen y deben seguir existiendo. En un trabajo realizado por Estudio de Comunicación y ABC a principios de 2013, los políticos entrevistados aseguraban, en el 79% de los casos, que “la información aportada por las empresas les resulta de gran utilidad para realizar su labor” legislativa o de gobierno. Por ello, las empresas deben de gestionar sus relaciones con los políticos con la misma profesionalidad con la que gestionan las que mantienen con otros públicos objetivo. Para que sean eficaces deben basarse en la ética, la sistemática, la planificación y el trabajo continuado. Los gestores de las empresas deben identificar sus públicos (nacionales, autonómicos y locales, en el ámbito ejecutivo y en el legislativo), estudiar los mensajes más adecuados para exponer sus problemas o sus demandas, elaborar los documentos a entregar en las entrevistas con los políticos (claros y comprensibles, no farragosos y excesivamente técnicos).

Afortunadamente, caminamos hacia una relación empresas-políticos mas técnica, clara y transparente. Menos basada en el amigo y en el contacto personal y más en la sistemática y el trabajo profesional y serio. Seamos conscientes de que el viaje es necesario y largo. No lo hagamos más difícil en España de lo que es en realidad.

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