El Boletín Oficial del Estado publicaba la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales el pasado 6 de diciembre. Las voces contrarias no han tardado en alzarse contra ella, pese al alto consenso que ha tenido entre los partidos políticos, pues nace con el apoyo del PSOE, PP, Ciudadanos y nacionalistas vascos y catalanes.
¿Pero por qué un gran número de editores, empresas digitales, periodistas y expertos en Derecho están en contra de la nueva norma? El punto más conflictivo se encuentra en el artículo 58 bis de esta Ley, que permite a los partidos políticos la posibilidad de obtener datos personales y opiniones políticas en redes sociales, sin necesidad de recabar el consentimiento de los usuarios.
Según sus detractores, este texto puede dar pie a crear perfiles ideológicos de cada uno de nosotros obtenidos de los datos y huellas que vamos dejando en las redes sociales. Y es que a nadie se le escapa el enorme problema que puede acarrear la elaboración de estos perfiles ideológicos y su uso posterior.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) asegura que algunos de los artículos de esta nueva norma son contrarios a la Constitución, y subraya que ”permitirá a los partidos recopilar datos personales de opiniones políticas: una norma que es contraria a los artículos 16.2 y 18.4 de la Carta Magna”.
Como primera medida para frenar esta ley, la PDLI ha elaborado un formulario para impedir que los partidos políticos puedan crear bases de datos con las opiniones de los ciudadanos, así como su almacenamiento y uso. Pero el problema, según la Plataforma, es bastante más profundo.
Muchos de los expertos ven en la nueva norma la posibilidad de que prácticas como las empleadas por Cambridge Analityca puedan extenderse a nuestro país y logren influir en la opinión pública y, por lo tanto, en los procesos electorales. Esta compañía, a principios de 2018, se vio involucrada en un gran escándalo después de que un ex empleado revelara prácticas contrarias a la Ley para influir en elecciones políticas estadounidenses a favor Donald Trump.
El rechazo ante la nueva ley no ha hecho más que empezar y es muy qué posible que termine en la mesa del Tribunal Constitucional, pero -mientras tanto- estemos atentos a lo que publicamos en las redes sociales porque cada vez más nos acercamos a la realidad orwelliana del Gran Hermano.
Por Alejandro de Antonio, director en Estudio de Comunicación España.
@AdAntoG
