¿Penalizarán a quienes no se vacunen contra la COVID-19?

Hay quienes sostienen que la forma más segura de reabrir gradualmente la economía y controlar los riesgos de un nuevo repunte de la pandemia por Covid-19 es la expedición y exigencia a los viajeros de un pasaporte que indique quién ya está vacunado, para que con él el portador pueda viajar libremente y acceder a lugares públicos. Esta idea no es nueva. Hay países en los que se requieren vacunas para evitar contagios por fiebre amarilla, por ejemplo.

La Unión Europea busca reanimar los viajes dentro de su territorio con un Certificado Digital Verde que permita a sus ciudadanos desplazarse entre países, con el propósito de permitir la movilidad dentro del bloque, sin necesidad de someterse a restricciones a todo el que esté vacunado contra la covid-19, tenga una prueba negativa o se haya recuperado recientemente de la enfermedad.

El “pasaporte europeo de vacunación”, ya fue aprobado por la Comisión Europea. Y ahora debe pasar el trámite legislativo comunitario —el visto bueno de los gobiernos y del Parlamento Europeo— y la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que no se debería exigir a las personas que demuestren que han sido vacunadas contra la COVID-19 para viajar y ha advertido que los pasaportes de vacunas aislarían a los países más pobres, en los que el proceso de vacunación no solo va con mayor retraso, sino que algunos ni siquiera tendrán acceso a las vacunas, lo que pone en riesgo la inmunización global y propicia la aparición de nuevas variantes del coronavirus como hace días alertó el Fondo Monetario Internacional. El director del programa de emergencias de salud pública de la OMS, Mike Ryan, dijo que, si bien era vital registrar que una persona había sido vacunada, “utilizar esa información para permitir o prohibir que una persona participe en la vida cotidiana plantea problemas éticos complejos”.

En los Estados Unidos esta iniciativa ha creado polémica. La idea del sector privado estadounidense es crear un pasaporte universal que puedan usar aerolíneas, restaurantes o estadios para permitir la entrada a quienes que ya se han vacunado.

El debate sobre la creación de un documento para identificar a las personas vacunadas contra el Covid-19, donde empresas y Gobiernos estatales estudian fórmulas para hacerlo mientras los republicanos intentan usar este asunto para atacar al gobierno de Joe Biden.

El presidente del ultraconservador Freedom Caucus y legislador Andy Biggs, presentó un proyecto de ley que prohibiría a las agencias federales emitir cualquier tipo de documentación que muestre que un individuo ha sido o no vacunado. Biggs consideró que esas acreditaciones solo servirán para imponer el sistema de vigilancia del “Gran Hermano” en la sociedad estadounidense.

El proyecto de ley, respaldado por otros 18 legisladores ultraconservadores y cercanos al expresidente Donald Trump, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de EU, pero muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los republicanos.

Frente a ello, el gobierno de Joe Biden ha dejado claro que no tiene intención de involucrarse ni apoyar ningún esfuerzo para crear una credencial que sea obligatoria a nivel federal, aunque ha dejado abierta la puerta a que el sector privado desarrolle sus propios sistemas.

La idea del sector privado es crear una credencial universal que puedan usar aerolíneas, restaurantes o estadios para permitir la entrada a los estadounidenses que ya se han vacunado, en un intento por aumentar la sensación de tranquilidad y volver a la actividad económica anterior a la pandemia.

Esas credenciales serían similares a las tarjetas de embarque de los aviones, que pueden mostrarse con una aplicación en el teléfono o pueden imprimirse en un documento en formato pdf.

Popularmente, han recibido el nombre de “pasaportes de inmunización”, pero su uso sería solo para dentro de EU, no el extranjero.

Detrás de esa propuesta está una coalición llamada “Iniciativa por las Credenciales de Vacunación” y que está integrada por 225 organizaciones públicas y privadas, entre las que se incluyen la Cínica Mayo y los gigantes tecnológicos IBM y Microsoft.

Más allá de su posible utilidad para prevenir nuevos contagios y controlar mejor la diseminación del virus, hay quien sostiene que dichas medidas son discriminatorias y atentan contra los derechos humanos.

Aunque los objetivos de tales medidas pueden ser loables, el abuso y el mal uso de documentos de esa naturaleza acaban por privilegiar a unos y penalizar a otros. Con frecuencia se convierten en mecanismos de control social. Ha sido un fenómeno recurrente en la historia.

Juan Ramón de la Fuente publicó un artículo en el cual muestra su preocupación de que “estemos sentando las bases de una sociedad global estructurada bajo un sistema de vigilancia permanente”. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia -afirma De la Fuente- son las graves desigualdades que imperan en el mundo, tanto entre países como al interior de cada país. “La forma tan torpe y avorazada en la que se ha manejado la producción y la distribución de las vacunas, no ha hecho más que acentuar tales desigualdades. Mientras que en algunos países empieza a haber cada vez mayor oferta de vacunas, para la mayoría de la población mundial la disponibilidad de vacunas es claramente insuficiente, y todo parece indicar que así seguirá durante algún tiempo. La voracidad ha logrado incluso que se tengan que desechar millones de dosis prepagadas, por errores en el control de calidad de su manufactura”, comenta Juan Ramón de la Fuente en su columna ¿Pasaportes de vacunas?, publicada en El Universal.

Información publicada recientemente señala que tan sólo el 14% de la población mundial ha recibido 2 de cada 3 vacunas que se han producido. A los países de renta baja ha llegado menos del 1% de las vacunas disponibles. ¿Estaremos sentando las bases de una sociedad global estructurada bajo un sistema de vigilancia permanente, con puntos de revisión distribuidos de tal forma que pudieran segregar aún más a grupos o personas por razones de raza, sexo, religión, ingreso, color de piel, nacionalidad, etcétera? Todo ello, en aras de “proteger la salud de los otros para proteger la salud de todos”.

¿Penalizarán a quienes no se vacunen contra la COVID-19?

Autor:

Carlos BonillaSocio Senior Advisor de AB Estudio de Comunicación.

, , , , , ,

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
SWITCH THE LANGUAGE
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.