A pesar de que expertos aseguran que vulnera los derechos humanos y la protección de los datos personales de los ciudadanos, la mayoría morenista en la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos. La ciudadanía se pregunta qué tipo de datos tendrá que proporcionar para contratar un teléfono celular de cualquier compañía. Se especula que podrían solicitar el registro de huellas dactilares, el iris de ojos y las facciones del rostro.
De acuerdo con el dictamen aprobado en el Senado, todos los datos deberán de ser entregados al momento de registrarse o de abrir una nueva línea telefónica. Pero debido a que la mayoría de los usuarios ya cuentan con una línea, se planea que los proveedores de la línea registren a sus usuarios en plazo máximo de 2 años. También, en caso de cancelar la línea telefónica se podrían guardar los datos de los usuarios durante al menos 7 meses.
Aunque el argumento para la creación del padrón fue el de “colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia por la comisión de delitos”, la empresa AT&T señaló que “hay mecanismos más efectivos y menos complejos que un padrón para combatir extorsión”. Dijo que están revisando las implicaciones de esta iniciativa.
La sociedad civil, la industria de telefonía móvil y el IFT se opusieron a esta medida, argumentando que es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el programa fallido que creó en 2008 Felipe Calderón, mismo que tres años después se eliminó porque su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro.
La senadora priísta Claudia Ruiz Massieu resaltó que la propuesta de crear el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil es autoritaria e innecesaria, ya que en el pasado el RENAUT incentivó otros ilícitos como el robo de identidad, de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM. La nueva propuesta, dijo, “violenta la presunción de inocencia y deja en total indefensión a los ciudadanos, ya que las autoridades presumen culpable de cualquier delito cometido con la línea registrada a su nombre”.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el padrón es un “coctel” de violaciones a la Constitución, una suma de afectaciones a diversas garantías, por lo que habrá acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo de muchos usuarios, porque hay retroactividad de la ley, ¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, o en 30 días te van a cancelar la línea”, recalcó.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtió que el registro de datos biométricos para fines de identificación de la población requiere del mayor cuidado posible, “ya que podría representar riesgos para la protección de los datos personales”. Indicó que en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en el Senado de la República, “se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía, pues serán las propias empresas las encargadas de recabar dichos datos”.
Según la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía (GSMA), no hay evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca la actividad criminal. Por el contrario, entre 2008 y 2011 los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente.
El diario El País publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) de México ha contratado en los dos últimos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles. En la nota se asegura que dichos programas, los cuales tuvieron un costo de 5.6 millones de dólares, sirven para la geolocalización de teléfonos celulares y el análisis de datos a gran escala. Los contratos, afirma el diario español, “se han hecho bajo la partida secreta de seguridad nacional y permanecen opacos”.
Es un hecho que en un plazo de dos años las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular deberán completar el mencionado padrón de todos sus usuarios, lo cual conllevará un elevado costo, que por supuesto pagarán los contratantes y poseedores de una línea de telefonía móvil. Así que pagaremos para que nos espíen.
Autor:
Carlos Bonilla, Socio Senior Advisor de AB Estudio de Comunicación.
